Indemnización de la constructora por mala ejecución
Muchos conflictos entre la parte promotora y la ejecutora por el resultado final de una obra se producen, por una parte, cuando la calidad formativa y cultural del personal es deficiente y, por otra, debido al frecuente desconocimiento general del profano acerca de la problemática que encierran las construcciones, tanto desde un punto de vista profesional, como humano. En este último caso, pueden darse conflictos por falta de entendimiento; pero en el primer caso es frecuente que aparezcan problemas más serios por falta de calidad.
Un desconocimiento técnico adecuado para realizar una obra con la responsabilidad profesional que ello requiere puede llevar a una definición deficiente de las necesidades y las soluciones apropiadas, produciéndose errores en la valoración y la planificación de los procesos y los equipos. Aquí puede jugar un papel importante el menosprecio hacia la importancia de dichas circunstancias por parte de facultativos de campos análogos que se introducen en el ámbito específico de la arquitectura interior y pretenden conseguir resultados óptimos ejerciendo actividades que no son las suyas. Estas situaciones siempre desembocan en aumentos descontrolados de los precios, imposibles de evitar, o en unos resultados finales inadecuados por los que, legalmente, se podrá exigir responsabilidades a la parte ejecutora.
Este fue el caso de una familia promotora de una vivienda unifamiliar de bajo y dos plantas en Mugardos (A Coruña). Habiéndosele concedido una subvención para acometer diversas mejoras e incrementar la eficiencia energética del inmueble, observaron que los trabajos estaban mal ejecutados, incumpliendo tanto la normativa como lo acordado con la parte constructora. El resultado final presentaba deficiencias serias que suelen ocasionar humedades y condensaciones: yesos aplicados indebidamente, cierres de galerías que continuaban filtrando agua o falta de resolución de trasdosados. Como consecuencia, los promotores interpusieron una demanda contra la constructora cuyo resultado se recoge en una sentencia de 26 de mayo de 2023, dictada por el Juzgado numero 2 de Ferrol. Consideradas las deficiencias del resultado final, la resolución estableció el pago de 25.728 euros por parte de la constructora a la familia promotora.
Los conflictos por el resultado de la obra entregada son frecuentes. Muchas veces se producen por la falta de profesionalidad de las empresas o porque, con el objeto de ahorrar costes, se decide prescindir de servicios técnicos que planifiquen y supervisen adecuadamente la ejecución del trabajo. Y este es un aspecto que nunca se debe descuidar si no se quiere terminar pagando un alto coste por ello.
La armonización de las actividades económicas en el vecindario
La multiplicación de actividades económicas durante los últimos cien años ha transformado los paisajes urbanos. Las ciudades actuales se encuentran plagadas de locales de distinto tipo que, no obstante, no siempre se integran en su enclave de una forma armonizada.
Esto se debe a que, a la hora de planificar muchos negocios, no se tiene en cuenta que no todas las actividades se pueden implantar en todas partes, por la variedad que abarcan las soluciones técnicas, las exigencias legales y el funcionamiento de cada local. Además, es importante considerar que, aunque algunas actividades pueden requerir necesidades de enclave específicas, su instalación puede entrar en conflicto con el bienestar de las personas que habitan o frecuentan el vecindario.
Estas circunstancias se dan en actividades de todos los niveles de inversión (desde negocios familiares a industriales) y en todo tipo de sectores económicos. No obstante, se suelen encontrar con más frecuencia en proyectos de economías limitadas que se emprenden como salidas laborales sin considerar la magnitud y las dificultades que entraña su implementación.
La solución a estos problemas es la eficiencia, que se obtiene con una correcta planificación desde el comienzo, con profesionales debidamente formados que puedan prever todos los aspectos a considerar (técnicos, legales, ambientales…) de una forma ponderada para lograr unos resultados óptimos. Esta es la forma de evitar problemas posteriores que siempre son indeseables porque implican un incremento de los costes y de las dificultades para ejercer cualquier actividad económica. Por tanto, siempre hay que considerar, no solo la actividad en sí, sino el entorno en el que se emplaza y cómo puede afectar a la gente ajena a la misma. Una planificación deficiente que no considere este último aspecto puede dar al traste con cualquier negocio (olores, humos, ruidos, parámetros legales, etc.).